Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Gustavo Tavares, Presidente de AMCHAMDR en las que hizo referencia sobre las sentencias de los tribunales competentes las que deben ser respetadas por todos, incluso por el mismo Estado, como la única forma de garantizar la democracia.
SANTO DOMINGO (AMCHAMDR) -- Rafael Blanco Canto, Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), fue el orador y huésped de honor del almuerzo mensual del mes de junio de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, quien pronunció su disertación con el tema: “Situación y perspectivas de la institucionalidad democrática del país”.
El almuerzo celebrado en el salón Embajador del Hotel El Embajador recibió a las personalidades del sector empresarial del país.
Previo a la disertación del Presidente del CONEP, Gustavo Tavares, Presidente de AMCHAMDR dio la bienvenida a los presentes y resaltó: “La Cámara tiene el convencimiento de que el fortalecimiento de las instituciones vinculadas con el desarrollo de una adecuada economía de mercado crea las condiciones para la prosperidad y el crecimiento de un país, y por ende, de sus habitantes y de sus empresas. La falta de transparencia e institucionalidad es el eje transversal que da pie a la inseguridad jurídica”, indicó.
El respeto de las reglas de juego legalmente establecidas influye directamente en el clima de negocios e inversión. A mayor respeto, mejores negocios y más inversiones. Lo contrario lleva un mensaje negativo a los inversionistas. “Que las autoridades asuman su responsabilidad ante acciones unilaterales a todas luces ilegales es la única forma de que se imponga el Estado de Derecho y se garantice y mejore el clima de negocios e inversión”, manifestó.
Tavares puntualizó que jurídicamente, ni notarios ni abogados pueden alegar que tienen la razón de un fallo y que, basados en ello, sus representados se sientan con el derecho a sentirse con el poder de ejecutar una acción a su favor. Siempre se debe cumplir con el debido proceso. Por eso es importante, entre otras cosas, que el Tribunal Constitucional tome una decisión sobre el recurso presentado por la Asociación de Bancos Comerciales contra la Ley de Notarios.